Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas
Multidisciplinary Journal Investigative Perspectives
Vol. 6(especial), 23-33, 2026
https://doi.org/10.62574/rmpi.v6iespecial.512
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Delincuencia juvenil y la vulneración de derechos de la niñez por entorno
sociofamiliar en Ecuador
Juvenile Delinquency and the Violation of Children’s Rights Due to Socio-
Family Environments in Ecuador
Viviana del Rocío Marfetan-Marfetan
ur.vivianamm31@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de las Andes, Ecuador
https://orcid.org/0009-0008-1144-0200
Paola Monet Yaulema-Moran
paolaym39@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de las Andes, Ecuador
https://orcid.org/0009-0007-3441-7890
Anamile Nayeli Garcés-Dávalos
anamilegd35@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de las Andes, Ecuador
https://orcid.org/0009-0006-1623-6781
Irene Belén Badillo-Ortiz
irenebo03@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de las Andes, Ecuador
https://orcid.org/0009-0006-5913-9789
RESUMEN
El artículo tiene por propósito analizar la relación entre la delincuencia juvenil y la vulneración
de derechos de la niñez por entorno sociofamiliar en Ecuador. De enfoque cualitativo-
descriptivo con diseño bibliográfico-documental, aplicado mediante revisión de normativa
nacional e internacional, informes de organismos como UNICEF y la Fiscalía General del
Estado, y análisis del caso de Las Malvinas como situación representativa de negligencia
institucional. La información se procesó mediante análisis hermenéutico contrastado con
fuentes doctrinales, normativas y empíricas especializadas. Los resultados evidencian que la
inestabilidad familiar, la violencia intrafamiliar, la pobreza estructural y la deserción escolar
configuran factores de riesgo que propician la captación de adolescentes por organizaciones
criminales, en un contexto donde las políticas públicas de protección infantil presentan brechas
persistentes entre su diseño normativo y su implementación efectiva. La sanción penal, sin
acompañamiento socioeducativo, resulta insuficiente para interrumpir el ciclo de exclusión y
criminalización de la infancia.
Descriptores: delincuencia juvenil; derechos de la niñez; entorno sociofamiliar. (Fuente:
Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the relationship between juvenile delinquency and the
violation of children’s rights due to the socio-family environment in Ecuador. It employs a
qualitative-descriptive approach with a bibliographic-documentary design, based on a review of
national and international regulations, reports from organizations such as UNICEF and the
Attorney General’s Office, and an analysis of the Las Malvinas case as a representative
example of institutional neglect. The information was processed through hermeneutic analysis
cross-referenced with specialized doctrinal, normative, and empirical sources. The results show
that family instability, domestic violence, structural poverty, and school dropout rates constitute
risk factors that facilitate the recruitment of adolescents by criminal organizations, in a context
where public child protection policies exhibit persistent gaps between their normative design
and their effective implementation. Criminal punishment, without socio-educational support, is
insufficient to break the cycle of exclusion and criminalization of children.
Descriptors: juvenile delinquency; children's rights; social and family environment. (Source:
UNESCO Thesaurus).
Recibido: 06/01/2026. Revisado: 12/01/2026. Aprobado: 18/01/2026. Publicado: 31/01/2026.
Sección artículos de investigación
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Delincuencia juvenil y la vulneración de derechos de la niñez por entorno sociofamiliar en Ecuador
Juvenile Delinquency and the Violation of Children’s Rights Due to Socio-Family Environments in Ecuador
Viviana del Rocío Marfetan-Marfetan
Paola Monet Yaulema-Moran
Anamile Nayeli Garcés-Dávalos
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INTRODUCCIÓN
La niñez en Ecuador representa un sector poblacional que enfrenta serias dificultades, a pesar
de contar con un marco legal que resguarda sus derechos; la Constitución de la República del
Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) establece, en su artículo 44, que todos los
niños deben crecer en un entorno libre de violencia y abusos, garantizando el respeto de sus
derechos fundamentales. No obstante, la compleja realidad sociopolítica y económica,
caracterizada por la pobreza, la violencia intrafamiliar y la escasa efectividad en la
implementación de políticas públicas, contribuye a la vulneración de esos derechos y propicia
un ambiente en el que la delincuencia juvenil puede prosperar.
El reconocimiento normativo resulta insuficiente cuando no existe una aplicación efectiva que
garantice el interés superior del niño como principio rector del sistema de protección integral; en
ese sentido, UNICEF (2019) documentó que, a pesar de los avances legislativos, la situación
de la niñez y la adolescencia en Ecuador presenta rezagos estructurales que se expresan en
altos índices de violencia, trabajo infantil y exclusión educativa, condiciones que constituyen un
terreno rtil para la configuración de conductas delictivas en etapas posteriores del desarrollo.
Desde la perspectiva teórica, Bronfenbrenner (1979) propuso, en su modelo ecológico, que la
familia opera como el primer escenario de socialización del niño, lo que implica que cualquier
disfunción en ese entorno genera efectos directos sobre el comportamiento y el desarrollo de
los menores; esta premisa constituye un eje central de análisis en el presente estudio, pues
permite entender la delincuencia juvenil no como un fenómeno aislado, sino como el resultado
de múltiples factores contextuales que se articulan desde el núcleo familiar hasta las
condiciones macroestructurales de la sociedad ecuatoriana.
En coincidencia con esa perspectiva, Hawkins et al. (1992) demostraron que la falta de
supervisión adecuada, el apoyo insuficiente y la carencia de modelos de conducta apropiados
en el hogar incrementan la probabilidad de que los jóvenes busquen pertenencia en grupos
externos relacionados con actividades ilícitas; señalamientos que resultan pertinentes para el
contexto ecuatoriano, donde la desintegración familiar se combina con la pobreza y la débil
presencia institucional para generar ambientes de alto riesgo para los menores. Por su parte,
Widom (1989) acuñó el concepto del ciclo de violencia para explicar cómo los niños expuestos
a maltrato y negligencia tienen mayores probabilidades de reproducir conductas violentas o
delictivas en su vida adulta, principio que pone de relieve la necesidad de intervenciones
tempranas orientadas a interrumpir esa cadena de transmisión intergeneracional del daño. En
esa misma línea, Evans et al. (2008) documentaron que la exposición a la violencia doméstica
genera en los niños conductas agresivas y dificulta el manejo emocional, lo que puede
traducirse en comportamientos antisociales durante la adolescencia.
En el plano normativo internacional, la Organización de las Naciones Unidas (1989) aprobó la
Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento ratificado por Ecuador que refuerza el
compromiso del Estado con la garantía de los derechos fundamentales de la infancia, entre
ellos el derecho a un ambiente familiar seguro, a la educación y a la protección frente a
cualquier forma de explotación o abuso. No obstante, Sánchez-García et al. (2022) advirtieron
que fenómenos como la migración forzada generan nuevas formas de vulneración de los
derechos humanos de la niñez, al romper los vínculos familiares y exponer a los menores a
entornos de mayor precariedad. En el contexto de la criminalidad organizada, Crespo-Berti
(2024) analizó la situación de los adolescentes infractores inmersos en bandas criminales en
Ecuador y concluyó que la pertenencia a esos grupos responde, en gran medida, a la
búsqueda de protección y pertenencia ante la ausencia de referentes familiares e
institucionales positivos. Este señalamiento es coherente con los datos que reporta UNICEF
(2023), según los cuales la situación de la infancia en Ecuador continúa siendo preocupante en
términos de cobertura educativa, acceso a servicios de salud y exposición a entornos violentos.
Frente a esa realidad, Mera-Espín (2025) estudió la relación entre la educación precaria y el
ingreso de menores en la delincuencia organizada en Ecuador, determinando que la deserción
escolar y la baja calidad educativa actúan como factores de empuje que acercan a los
adolescentes a las organizaciones criminales, las cuales aprovechan esa vulnerabilidad para
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reclutar nuevos integrantes en zonas urbanas marginadas; en un sentido complementario,
Sánchez-Aguilar (2025) vinculó la desigualdad socioeconómica con la conducta reincidente de
los menores infractores, demostrando que las condiciones de pobreza estructural dificultan la
reintegración social de los jóvenes que han tenido conflictos con la ley. En esa misma
orientación, Vallejo-Valdivieso et al. (2025) analizaron comparativamente el sistema de justicia
restaurativa juvenil de Ecuador y España, señalando que el modelo ecuatoriano carece de
mecanismos suficientes de restitución de derechos y acompañamiento psicosocial, lo que limita
la capacidad del sistema para ofrecer a los adolescentes infractores una vía de reintegración
efectiva alejada de la reincidencia; perspectiva que refuerza la urgencia de reformas
estructurales que trasciendan el enfoque puramente punitivo.
En atención a lo anterior, la presente investigación se plantea como objetivo analizar la relación
entre la delincuencia juvenil y vulneración de derechos de la niñez por entorno sociofamiliar en
Ecuador.
MÉTODO
El estudio adoptó un diseño metodológico cualitativo de alcance descriptivo, combinado con
técnicas de revisión bibliográfica y documental, análisis casuístico e investigación descriptiva,
con el propósito de obtener una comprensión integral del fenómeno investigado.
Desde el enfoque cualitativo, se profundizó en las experiencias de los niños, adolescentes y
sus familias a través del análisis de casos, lo que permitió comprender las dinámicas sociales y
emocionales que inciden en la conducta delictiva; esta aproximación resultó central para
explorar los factores subyacentes que contribuyen al comportamiento de los menores en
situaciones de vulnerabilidad, tomando en consideración la influencia del entorno sociofamiliar
y la escasez de oportunidades.
La revisión bibliográfica comprendió un análisis de la normativa nacional e internacional, así
como de investigaciones previas sobre protección infantil y delincuencia juvenil, con el fin de
construir un marco teórico que respaldara el estudio y aportara el contexto necesario para
interpretar los datos recogidos; el análisis documental incluyó la revisión de informes de
organismos como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Fiscalía General del Estado
y entidades internacionales como UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas, con el
propósito de identificar patrones estadísticos que evidenciaran la magnitud del problema y las
deficiencias de las políticas públicas.
A través del enfoque descriptivo se identificaron los principales factores de riesgo que afectan a
los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, entre ellos la pobreza, el abandono
familiar y la violencia intrafamiliar; se examinó, asimismo, de qué manera esas condiciones
adversas incrementan la probabilidad de que los menores adopten comportamientos delictivos.
Por su parte, el método casuístico permitió abordar situaciones específicas que evidencian
deficiencias en la protección infantil en Ecuador, entre ellas el denominado caso de Las
Malvinas, que ilustra las fallas institucionales del sistema de protección de niños, niñas y
adolescentes.
RESULTADOS
La estabilidad familiar como factor protector y las consecuencias de la desintegración
familiar
La estabilidad familiar cumple un rol determinante en el crecimiento emocional y social de los
niños, pues les brinda un entorno seguro donde pueden desarrollarse de manera integral y
equilibrada; Bronfenbrenner (1979), en su modelo ecológico del desarrollo humano, señaló que
la familia constituye el primer escenario de socialización, de modo que cualquier disfunción en
ese entorno genera efectos directos sobre el comportamiento y el desarrollo de los menores.
Cuando la familia atraviesa una crisis, como ocurre en casos de violencia doméstica, conflictos
permanentes o negligencia, los niños se ven expuestos a niveles elevados de estrés y
ansiedad, lo que incrementa la posibilidad de desarrollar trastornos emocionales y
conductuales.
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El impacto de una familia disfuncional en la criminalidad juvenil se encuentra respaldado por
diversas investigaciones; en ese sentido, Hawkins et al. (1992) demostraron que la falta de
supervisión adecuada, el apoyo insuficiente y la carencia de modelos de conducta apropiados
en el hogar aumentan la probabilidad de que los jóvenes busquen pertenencia en grupos
externos, muchos de ellos vinculados a actividades ilícitas. En ese mismo orden, Evans et al.
(2008) encontraron que la violencia doméstica tiende a generar en los niños conductas
agresivas y dificulta el manejo de las emociones, lo que puede llevarlos a adoptar
comportamientos negativos durante la adolescencia.
Por su parte, Widom (1989) formuló la hipótesis del ciclo de violencia para explicar cómo los
niños maltratados o negligenciados presentan tasas más elevadas de conducta violenta y
delictiva en etapas posteriores de su vida; perspectiva que resulta central para el análisis de la
delincuencia juvenil en Ecuador, pues evidencia que la violencia intrafamiliar no solo afecta el
bienestar inmediato del menor, sino que produce efectos a largo plazo sobre su capacidad para
relacionarse socialmente y para tomar decisiones dentro de los márgenes de la legalidad.
Los niños que residen en familias disfuncionales ven vulnerados con frecuencia sus derechos
fundamentales: el derecho a un entorno pacífico, a una educación apropiada y a la protección
parental se ve seriamente afectado por situaciones de abuso o negligencia; esa privación
sostenida perpetúa el ciclo de pobreza y aumenta las posibilidades de que estos menores se
involucren en actividades delictivas al llegar a la adolescencia, tal como lo documenta UNICEF
(2019) en su análisis sobre la situación de la niñez y la adolescencia en Ecuador. El entorno
familiar, en suma, no solo incide en el estado emocional de los niños, sino también en el
mantenimiento de sus derechos fundamentales, de manera que la ausencia de una estructura
familiar estable no solo pone en peligro su salud mental, sino que genera mayor exposición a
situaciones de riesgo que, a menudo, derivan en la vulneración de derechos y en el
acercamiento a conductas delictivas.
La Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) establece,
en su artículo 44, un marco legal detallado para la protección de los derechos de los niños,
reconociendo que tanto el Estado, la sociedad como la familia tienen la responsabilidad de
asegurar su bienestar y desarrollo integral; la ratificación de la Convención sobre los Derechos
del Niño (Organización de las Naciones Unidas, 1989) refuerza ese compromiso con los
estándares internacionales de protección de la infancia. No obstante, a pesar de la solidez de
ese marco normativo, la realidad sociofamiliar en Ecuador presenta desafíos considerables, y la
implementación de políticas públicas efectivas no siempre ha logrado reducir la brecha entre la
ley y la situación real de los menores.
El maltrato infantil constituye una de las violaciones más frecuentes a los derechos de los niños
en Ecuador; a pesar de que la ley sanciona severamente este tipo de conductas, la falta de
recursos y la débil implementación de las políticas de protección continúan permitiendo que
muchos niños vivan en contextos de abuso. En esa línea, Hawkins et al. (1992) evidenciaron
que los menores criados en hogares sin supervisión adecuada y sin modelos de
comportamiento positivos tienen más probabilidades de involucrarse en actividades delictivas,
al buscar pertenencia en grupos sociales que participan en actividades ilícitas.
El abandono infantil constituye otro derecho fundamental que se ve vulnerado de manera
sistemática; muchos niños terminan viviendo en condiciones precarias o son derivados a
centros de acogida del Estado que, con frecuencia, carecen de los recursos necesarios para
garantizar un desarrollo integral. Aunque la Constitución garantiza el derecho de los niños a
crecer en un ambiente familiar seguro, los problemas de negligencia estatal y la ausencia de
intervención temprana perpetúan esa situación, lo que impide que los menores reciban el
cuidado y la educación adecuados; ese abandono social y familiar incrementa la probabilidad
de que los jóvenes queden atrapados en un ciclo de pobreza y delincuencia, circunstancia que
Novillo Nieto et al. (2024) identificaron como uno de los determinantes más consistentes en la
conducta delictiva de los adolescentes ecuatorianos.
La explotación laboral y sexual infantil figura también entre las violaciones más graves que
afectan a los menores en Ecuador, especialmente en zonas rurales y empobrecidas; a pesar de
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que existen normativas legales que prohíben esos abusos, la falta de controles eficaces y las
debilidades institucionales permiten que el problema persista. Según UNICEF (2024), los
esfuerzos realizados en el marco de la estrategia nacional para prevenir la violencia contra la
niñez han mostrado resultados limitados, debido a la escasez de recursos, la debilidad
institucional y la falta de coordinación entre las entidades encargadas de la protección,
exclusión que contribuye a que, al llegar a la adolescencia, muchos de esos jóvenes se vean
atraídos por actividades delictivas como vía de supervivencia o de reconocimiento social.
En ese contexto, Crespo-Berti (2024) analizó la situación de los adolescentes infractores
inmersos en bandas criminales en Ecuador y señaló que la incorporación a esos grupos
responde frecuentemente a la búsqueda de protección y pertenencia, en contextos donde el
Estado y la familia han fallado en su función de amparo; en una perspectiva complementaria,
Sánchez-García et al. (2022) añadieron que la migración como fuente de vulneración de los
derechos humanos de la niñez genera rupturas familiares que exponen a los menores a
entornos de mayor precariedad e inseguridad, debilitando los vínculos afectivos que actúan
como factores protectores ante la influencia de grupos delictivos.
Análisis de caso
Los casos de vulneración de derechos a nivel estatal reflejan también las fallas de compromiso
y efectividad en la protección de los niños por parte de las instituciones; el denominado caso de
Las Malvinas constituye un ejemplo ilustrativo de cómo la negligencia institucional y el abuso de
poder pueden tener consecuencias graves para los menores involucrados, pues en esa
situación varios niños y adolescentes fueron sometidos a actuaciones de agentes de autoridad
que no respetaron el debido proceso, vulnerando sus derechos fundamentales y causando
daños de difícil reparación.
Este tipo de incidentes revela no solo una deficiencia en la protección legal de los menores,
sino también una ausencia de mecanismos de control y rendición de cuentas que impiden
sancionar a quienes vulneran los derechos de la infancia desde posiciones de poder; el Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia (Asamblea Nacional del Ecuador, 2003) establece un
conjunto de garantías procesales para los menores en cualquier tipo de procedimiento, cuya
aplicación efectiva, sin embargo, queda supeditada a la voluntad institucional y a la
disponibilidad de recursos para hacerla cumplir.
En esa línea, Vallejo-Valdivieso et al. (2025) señalaron que el sistema de justicia juvenil
ecuatoriano carece de mecanismos suficientes de acompañamiento psicosocial y restitución de
derechos, lo que genera que muchos menores que han pasado por el sistema penal no
cuenten con el apoyo necesario para construir un proyecto de vida alejado de la delincuencia;
deficiencia estructural que convierte al sistema de justicia en un espacio de tránsito, antes que
de rehabilitación efectiva, para los adolescentes en conflicto con la ley.
Brechas y deficiencias en la implementación de políticas de protección infantil en
Ecuador
Ecuador dispone de un amplio marco normativo para la protección de la niñez: el Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia (Asamblea Nacional del Ecuador, 2003) recoge varios
marcos legales, programas y campañas orientados a garantizar los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, incluida la erradicación del trabajo infantil; no obstante, el problema no
reside en el texto de la norma, sino en la capacidad institucional para implementarla de manera
efectiva y sostenida.
En esa dirección, Novillo Nieto et al. (2024) identificaron que los factores individuales y sociales
asociados con la delincuencia en adolescentes infractores en Ecuador se relacionan
directamente con las deficiencias del sistema de protección, entre ellas la escasa asignación
presupuestaria, la falta de formación del personal encargado y la ausencia de mecanismos de
evaluación de impacto a largo plazo; carencias que limitan la eficacia de los programas
destinados a la prevención de la violencia y la delincuencia juvenil, aun cuando su diseño
normativo sea técnicamente adecuado.
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La comparación con países que cuentan con políticas garantistas consolidadas revela que
Ecuador requiere fortalecer la capacitación de los profesionales que trabajan con menores en
riesgo, implementar consecuencias más estrictas para quienes vulneran sus derechos y
asignar fondos suficientes destinados específicamente a la protección infantil; en ese marco,
UNICEF (2023) precisó que el estado de la infancia en Ecuador muestra brechas persistentes
en el acceso a salud, educación y protección, brechas que no podrán cerrarse sin una reforma
estructural del sistema de políticas públicas orientada a garantizar los derechos de la niñez de
manera efectiva y continua.
Por su parte, Sánchez-Aguilar (2025) añadió que la desigualdad socioeconómica opera como
un factor que perpetúa la conducta reincidente de los menores infractores, al generar
condiciones que dificultan su reintegración social una vez que han tenido contacto con el
sistema penal; mientras persistan esas condiciones estructurales y el Estado no ofrezca
alternativas reales de educación, inserción laboral y apoyo psicológico, las políticas de
protección infantil continuarán siendo insuficientes para romper el ciclo de vulneración y
delincuencia.
Factores de riesgo que facilitan el ingreso de adolescentes a actividades delictivas
La pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, la exclusión social y la ausencia
de contención familiar constituyen los factores que con mayor frecuencia se asocian al riesgo
de que un adolescente se involucre en actividades ilícitas; a estos elementos se suma la
influencia del entorno inmediato, pues vivir en barrios con alta presencia de pandillas y de
crimen organizado condiciona las decisiones que los adolescentes tomarán a lo largo de su
desarrollo. En Ecuador existen casos documentados en los que menores son reclutados por
organizaciones delictivas, especialmente en zonas urbanas con altos índices de violencia.
En esa línea, Mera-Espín (2025) estudió la relación entre la educación precaria y el ingreso de
menores en la delincuencia organizada, concluyendo que la deserción escolar y la baja calidad
de la enseñanza actúan como factores de empuje que acercan a los adolescentes a las
organizaciones criminales; la escuela, cuando cumple su función protectora, actúa como un
espacio de socialización alternativo al entorno violento, de modo que su ausencia o su
deterioro deja a los jóvenes sin ese referente y los expone a las propuestas de los grupos
delictivos, que ofrecen pertenencia, ingresos y protección a cambio de participación en
actividades ilícitas.
La desintegración familiar constituye un factor complementario que agrava el escenario
descrito; cuando las familias se separan o se ven afectadas por la pobreza, la migración, la
violencia intrafamiliar o la negligencia, los hijos absorben esas tensiones y quedan en mayor
situación de riesgo, tal como documentaron Hawkins et al. (1992). Los menores que crecen sin
la guía de sus padres o tutores, sin reglas claras y sin vínculos afectivos estables, presentan un
índice notoriamente mayor de involucramiento en conductas delictivas, tanto en la adolescencia
como en la vida adulta.
La Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), en
concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño (Organización de las Naciones
Unidas, 1989), garantiza a los menores el derecho a la integridad física, psicológica y cultural,
el derecho a no ser sometidos a tratos crueles o denigrantes, el derecho a un ambiente sano y
el derecho a la libertad personal, la dignidad, la reputación y la imagen; en la práctica, sin
embargo, muchos de esos derechos se encuentran vulnerados, y se registran casos de
abandono, explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil que el Estado no ha
logrado erradicar de manera efectiva.
Datos sobre jóvenes en conflicto con la ley: edad, antecedentes familiares y factores de
riesgo
En este sentido; Murillo Chang (2021) realizó un estudio en Guayaquil sobre los factores de
riesgo sociodemográficos y conductuales que inciden en el comportamiento criminal de los
adolescentes infractores, e identificó una alta prevalencia de delincuencia familiar,
promiscuidad, victimización, acceso facilitado a sustancias prohibidas, influencias negativas de
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pares, vínculos positivos con pandillas y condiciones socioeconómicas desfavorables como
variables que inciden en la conducta delictiva de esa población; asimismo, se observaron
puntuaciones elevadas en escalas clínicas que sugieren la presencia de rasgos
psicopatológicos en un segmento de esos adolescentes.
En esa misma dirección, Novillo Nieto et al. (2024) reportaron, a partir de un estudio realizado
en el cantón Loja durante el período 2020-2021, que el cincuenta y tres por ciento de los
adolescentes infractores provenía de entornos con bajos niveles económicos, el veintisiete por
ciento experimentaba desvinculación familiar, el trece por ciento estaba influenciado
negativamente por su entorno y el siete por ciento era huérfano; datos que permiten apreciar la
convergencia de factores económicos, familiares y relacionales en la configuración del riesgo
de delincuencia juvenil, y que refuerzan la tesis de que se trata de un fenómeno multicausal
que exige respuestas igualmente integrales.
Por su parte, UNICEF (2024) advirtió que los esfuerzos realizados en el marco de la estrategia
nacional para prevenir la violencia contra la niñez y la adolescencia en Ecuador han mostrado
resultados limitados, debido a la escasez de recursos, la debilidad institucional y la falta de
coordinación entre las entidades encargadas de la protección; la ausencia de una respuesta
articulada y la precariedad de los mecanismos de justicia permiten que muchos adolescentes
queden atrapados en círculos de violencia y criminalidad de los que resulta muy difícil salir sin
el apoyo del Estado y de la comunidad.
Los datos disponibles indican que la mayoría de los jóvenes involucrados en delitos graves
tienen entre dieciséis y dieciocho años, aunque se registran casos de menores de dieciséis
años implicados en homicidios, robos violentos y narcotráfico; en esa línea, Sánchez-Aguilar
(2025) precisó que la desigualdad socioeconómica y la reincidencia delictiva están
estrechamente vinculadas, pues las condiciones de pobreza estructural dificultan la
reintegración social de los jóvenes que han tenido conflictos con la ley, situación que perpetúa
el ciclo de exclusión y criminalización.
La influencia de grupos delictivos en comunidades vulnerables y su efecto sobre los
jóvenes
La influencia de grupos delictivos en comunidades vulnerables de Ecuador ha emergido como
un fenómeno que incide de forma significativa en la juventud, en un contexto agravado por
factores sociofamiliares y la ausencia de políticas públicas efectivas; la pobreza y la falta de
oportunidades educativas y laborales en zonas marginadas crean condiciones propicias para el
reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales. Esos grupos aprovechan la
ausencia de referentes positivos y la debilidad del tejido social, al ofrecer a los adolescentes
una falsa sensación de pertenencia y propósito que el entorno familiar e institucional no ha
podido brindarles.
En este sentido, Crespo-Berti (2024) señaló que la captación de adolescentes por parte de
bandas criminales en Ecuador responde a un proceso sistemático que se apoya en la
vulnerabilidad generada por la desintegración familiar, la pobreza, el limitado acceso a la
educación, las adicciones y la exposición a entornos violentos; a esos factores se suma la
narcocultura, difundida a través de las redes sociales, que presenta un estilo de vida asociado
al crimen organizado como atractivo y deseable, distorsionando los valores y las aspiraciones
de los jóvenes, en particular de quienes se encuentran entre los 14 y los 17 años.
En consonancia con lo anterior, Novillo Nieto et al. (2024) corroboraron que la glorificación del
crimen organizado conduce a la normalización de actividades ilícitas como medio para alcanzar
estatus y reconocimiento social, en una dinámica que resulta especialmente peligrosa cuando
el Estado no ofrece alternativas reales en los territorios más afectados por la violencia; la
ausencia de estrategias efectivas de prevención y rehabilitación, junto con la limitada presencia
institucional en ciertas regiones del país, permite que los grupos delictivos operen con relativa
impunidad, afectando gravemente el bienestar y los derechos de la niñez y la adolescencia.
Frente a ese panorama, Mera-Espín (2025) advirtió que el ingreso de menores en la
delincuencia organizada se acelera cuando la educación precaria deja un vacío que las
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organizaciones criminales ocupan con propuestas de ingreso económico, protección y
pertenencia; este fenómeno evidencia que la lucha contra la delincuencia juvenil no puede
reducirse a respuestas penales, sino que exige una inversión sostenida en educación de
calidad, programas de empleo juvenil, acompañamiento psicológico familiar y fortalecimiento de
las redes comunitarias en los territorios más vulnerables.
DISCUSIÓN
A pesar de que el ordenamiento jurídico ecuatoriano consagra expresamente los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, preocupa constatar que en la práctica tales derechos se ven
vulnerados de manera sistemática por la falta de políticas públicas eficaces y sostenidas en el
tiempo, lo que evidencia una desconexión entre el marco legal vigente y la realidad que
enfrentan los menores en situación de riesgo. El reconocimiento normativo resulta insuficiente
cuando no existe una aplicación efectiva que garantice el interés superior del niño como
principio rector del sistema de protección integral consagrado en la Constitución de la
República del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).
El entorno sociofamiliar debe entenderse como el primer espacio de formación y contención
afectiva del niño; sin embargo, en muchas familias ecuatorianas ese espacio se ve afectado por
la violencia intrafamiliar, el abandono económico, la migración forzada o la carencia de redes
de apoyo, lo que genera ambientes inseguros que comprometen el desarrollo emocional, físico
y psicológico de los menores. Bronfenbrenner (1979) estableció que la familia opera como el
microsistema primario del desarrollo humano, de modo que sus disfunciones generan efectos
que se propagan a todos los demás entornos en los que el niño se desenvuelve. En esa
perspectiva, Widom (1989) demostró que la exposición temprana a la violencia produce efectos
intergeneracionales que perpetúan el ciclo de daño, lo que obliga a intervenir de manera
preventiva en el núcleo familiar antes de que esos efectos se consoliden.
La delincuencia juvenil no se configura, por tanto, como resultado de decisiones individuales,
sino como consecuencia de múltiples condiciones estructurales no resueltas, entre las que se
cuentan la pobreza extrema, la deserción escolar, la escasez de servicios sociales y la
negligencia institucional. Esta perspectiva obliga a mirar al adolescente infractor no solo como
sujeto de sanción, sino también como víctima de un sistema que falló en su responsabilidad de
protegerlo desde sus primeros años de vida. Mera-Espín (2025) subrayó que la educación
precaria actúa como uno de los vectores más poderosos de inserción en la delincuencia
organizada, por lo que cualquier estrategia de prevención debe priorizar el fortalecimiento del
sistema educativo en los territorios más vulnerables.
El Estado ecuatoriano ha ratificado compromisos internacionales en materia de derechos de la
infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño (Organización de las Naciones
Unidas, 1989); sin embargo, no ha logrado consolidar una política pública articulada y
coherente que permita dar seguimiento, prevención y respuesta a las situaciones de
vulneración. UNICEF (2024) documentó que los programas nacionales de prevención han
mostrado resultados limitados, en parte por la escasez de recursos y en parte por la falta de
coordinación interinstitucional. Novillo Nieto et al. (2024) precisaron que los factores
individuales y sociales asociados a la delincuencia adolescente en Ecuador solo pueden
abordarse de manera efectiva mediante estrategias intersectoriales que articulen respuestas
educativas, sociales, económicas y judiciales.
La creciente influencia de los grupos delictivos organizados sobre adolescentes en situación de
vulnerabilidad revela un fenómeno que trasciende el ámbito penal y que debe analizarse como
consecuencia directa de la ausencia de oportunidades reales en territorios marginados.
Crespo-Berti (2024) demostró que cuando un joven encuentra en el crimen organizado una
forma de subsistencia, protección o pertenencia, lo que se refleja es el fracaso del sistema de
protección estatal y comunitario. En ese sentido, Sánchez-Aguilar (2025) advirtió que la
reincidencia delictiva se retroalimenta con la desigualdad estructural, lo que confirma que la
sanción penal, sin un acompañamiento socioeducativo, no reduce la probabilidad de que los
jóvenes vuelvan a delinquir.
Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas
Multidisciplinary Journal Investigative Perspectives
Vol. 6(especial), 23-33, 2026
Delincuencia juvenil y la vulneración de derechos de la niñez por entorno sociofamiliar en Ecuador
Juvenile Delinquency and the Violation of Children’s Rights Due to Socio-Family Environments in Ecuador
Viviana del Rocío Marfetan-Marfetan
Paola Monet Yaulema-Moran
Anamile Nayeli Garcés-Dávalos
Irene Belén Badillo-Ortiz
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Así mismo; Vallejo-Valdivieso et al. (2025) propusieron que el sistema de justicia restaurativa
ofrece un camino más eficaz que el modelo puramente punitivo para la reintegración de los
adolescentes infractores, al centrarse en la restitución de derechos y en la construcción de
proyectos de vida alternativos a la violencia. En esa línea, Evans et al. (2008) recordaron que
los niños expuestos a la violencia doméstica necesitan intervención terapéutica específica para
superar las secuelas emocionales que incrementan su riesgo de conducta delictiva. Ambas
perspectivas confluyen en la necesidad de reformular las estrategias de atención desde un
enfoque integral y con perspectiva de derechos humanos.
Se vuelve imperativo reformular las estrategias de atención priorizando políticas intersectoriales
que promuevan la corresponsabilidad entre Estado, familia y sociedad civil, así como el
fortalecimiento de programas preventivos, redes comunitarias y espacios de participación
infantil y adolescente que permitan reducir los factores de riesgo que desencadenan procesos
de exclusión y criminalización de la infancia. nchez-García et al. (2022) pusieron de relieve
que la migración como fenómeno estructural genera nuevas formas de vulneración de derechos
que deben incorporarse al análisis, pues sus efectos sobre la cohesión familiar representan un
desafío creciente para el sistema de protección infantil ecuatoriano.
Garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes no es solo una obligación
jurídica, sino una condición indispensable para construir una sociedad más justa, segura y
solidaria. UNICEF (2023) señaló que el estado de la infancia en Ecuador continúa presentando
brechas que afectan el ejercicio efectivo de los derechos s básicos; mientras esas brechas
persistan, la delincuencia juvenil seguirá manifestándose como el reflejo de un sistema que no
ha sabido cuidar a quienes más lo necesitan.
CONCLUSION
La relación entre la delincuencia juvenil y la vulneración de derechos de la niñez por entorno
sociofamiliar en Ecuador permite concluir que ambos fenómenos se encuentran
estructuralmente articulados: la inestabilidad familiar, la violencia intrafamiliar, el abandono y la
negligencia parental actúan como factores de riesgo que comprometen el desarrollo integral de
los menores y los exponen a entornos que favorecen la conducta delictiva. La evidencia
reunida confirma que el adolescente infractor no responde a una decisión individual, sino a la
acumulación de condiciones no atendidas por la familia, el Estado y la sociedad; pobreza
estructural, deserción escolar, ausencia de referentes afectivos positivos y débil presencia
institucional configuran un escenario en el que las organizaciones criminales ocupan el vacío
dejado por los sistemas de protección.
A pesar de que Ecuador cuenta con un marco normativo robusto, la brecha entre la norma y su
implementación efectiva perpetúa el ciclo de vulneración, pues los derechos reconocidos
constitucionalmente no se traducen en garantías reales para los menores en situación de
riesgo. En consecuencia, la reducción de la delincuencia juvenil requiere estrategias
intersectoriales que prioricen la intervención temprana en el núcleo familiar, el fortalecimiento
del sistema educativo en territorios vulnerables y la articulación coherente entre políticas
sociales, económicas y de justicia restaurativa orientadas a restituir derechos antes que a
sancionar conductas.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A UNIANDES.
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